Nuevas líneas de investigación adelantan la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación en desarrollo de la operación Acordeón, para desenmarañar la red de corrupción existente entre entonces directivos tanto de la empresa Triple A en Barranquilla como de su mayor accionista Inassa, empresa perteneciente a Canal Isabel II en España. Este mismo caso, tiene un desarrollo investigativo en el país ibérico y es conocido como operación Lezo.

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En Colombia, el CTI capturó al exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro Pereira, vinculado a por lo menos dos de las líneas investigativas: apropiación ilegal de recursos y contrato ficticio de asesoría. Navarro Pereira, aceptó ante un juez de Control de Garantías de Barranquilla, los cargos que le imputa la Fiscalía colombiana, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.

Ramón Navarro

También, está vinculada al proceso, Julia Serrano Monsalve, quien fue el reemplazo en la gerencia de la Triple A de Navarro Pereira. La señora Serrano estuvo en el cargo unos 8 meses, en el año 2017. En la audiencia ante el juez de Control de Garantías, Julia Serrano, no se allanó a los cargos que le imputaron, pero está en libertad, porque el fiscal del caso, no solicitó medida de aseguramiento.

En desarrollo de las líneas investigativas, también fueron citados a indagatoria a 10 ex directivos y directivos actuales de la empresa de servicios públicos.

Apropiación por 27 mil millones de pesos de la Triple A

De acuerdo con el material probatorio recopilado, durante los años 2012 al 2015, Navarro Pereira, junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de 27 mil 879 millones de pesos, a través de la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).

“Al parecer, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A S.A E.S.P., fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías”, comunicó la Fiscalía.

Contrato ficticio por asesoría a Triple A, por $237 mil millones

Por este contrato, la Fiscalía adelanta una investigación formal y citó a indagatoria al actual gerente de Triple A, Ramón Hemer; Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa; Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa y Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente de Inassa.

También deben responder por el que considera la fiscalía contrato ficticio de asesoría, cuatro ex gerentes de Triple A: Francisco Olmos Fernández Corugedo, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, (hoy detenido); y tres ex gerentes de Inassa: Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro, y Edmundo Rodríguez Sobrino.

El contrato

En el año 2000, fue suscrito entre la empresa española Inassa y Triple A y se estableció un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica. La vigencia del contrato fijada fue hasta el año 2033. Hoy se encuentra suspendido por petición de la Procuraduría General.

Según la fiscalía, en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado $237.836.823.242 (doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y seis millones, ochocientos veintitrés mil doscientos cuarenta y dos pesos. Lo más grave, para los investigadores, es que al parecer, el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A., -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa.

A su turno, la Procuraduría General de la Nación estableció que desde el año 2000, se venía pagando a INASSA, mensualmente mil 600 millones de pesos. Según sus cálculos, durante la vigencia del contrato, cerca de $80 millones de dólares.

El ente de control revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del contrato que reposaban en la Triple A, y no encontró soportes ni evidencias que acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando.

Por caso Lezo, Procuraduría cita a juicio a gerente y ex directivos de Triple A

El Ministerio Público señala que la falta imputada consiste en “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo, la falta imputada para los ex gerentes Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, y de culpa gravísima para el actual gerente Ramón Heráclito Hemer Redondo.

Líneas de investigación también apuntan a alcaldes y otros funcionarios.

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El Ministerio Público adelanta otras líneas de investigación en relación con la Triple A. Una de ellas relacionada con la pérdida de la mayoría accionaria que tuvo el Distrito de Barranquilla que bajó del 85 al 14,5 por ciento. La otra, la administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por subsidios, por el orden de 70 mil millones de pesos.

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Desde el 4 de abril, los implicados por la operación Acordeón en Colombia o Caso Lezo en España, deben presentarse ante la Fiscalía y la Procuraduría colombianas, para entregar sus versiones sobre los hechos. Mientras ex alcaldes y alcalde de Barranquilla, desde la época de los hechos hasta la fecha, deben estar listos al llamado que vendrá en los próximos días, para responder junto al Concejo de la ciudad, por su actuación, en el que sería el mayor despilfarro de recursos, a costa de los barranquilleros.

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